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La histórica quiebra de Puerto Rico

junio 3, 2017 Capital Financiero No Comments

Seguros y Banca| El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, declaró a la isla en quiebra con el fin de reestructurar su multimillonaria deuda de más de 70.000 millones de dólares. El  proceso de bancarrota de la isla, anunciado hace unas semanas, sería el más grande de la historia del mercado de deuda local de Estados Unidos.

La isla vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza del 45%, un desempleo que dobla la media de Estados Unidos y población que decrece por la emigración a Estados Unidos continental (los puertorriqueños son ciudadanos de EEUU).
La agencia de calificación de riesgos Moody’s ve la decisión de la gobernación como positiva para los acreedores porque el proceso en los tribunales sería “ordenado”, algo preferible a “un periodo caótico e incierto”.

Aquí los número más importantes sobre el proceso de bancarrota de Puerto Rico:

 

A Puerto Rico se le acabaron el tiempo y las opciones.

BBC Mundo| El estado libre asociado protagoniza, desde este miércoles, el mayor proceso de quiebra de un territorio bajo la jurisdicción de Estados Unidos en la historia. La administración de su multimillonaria deuda ahora pasará a manos de un tribunal federal, que definirá cómo se liquidará su enorme pasivo y cuánto pagará la isla. Esto, según explican expertos, no sólo comprometerá mucho la autonomía puertorriqueña para manejar sus recursos, también puede afectar dramáticamente el acceso de la isla a mercados de deuda.El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló

También podrá golpear aún más a su población por un posible incremento en las medidas de austeridad que ya lleva adelante la gobernación puertorriqueña. La isla vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza del 45%, un desempleo del 12%, que dobla la media de Estados Unidos, y una población que decrece por la emigración.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió que se acuda al Título III e inicie el proceso de quiebra. Lo que sigue en lo inmediato para Puerto Rico es acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de Estados Unidos hace menos de un año, y que deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago de los US$73.000 millones adeudados por la isla.

Esta situación, que muchos consideran previsible e incluso necesaria, es inédita y trae una serie de interrogantes respecto a lo que puede suceder en adelante con la deuda y las consecuencias que puede generar para los pobladores de la isla.

1. ¿Dónde se originó la deuda puertorriqueña?

Protesta por mejoras en salud en Puerto ico en 2015.El origen de la astronómica deuda de Puerto Rico proviene de una crisis económica iniciada en el año 2000, pero se multiplicó hace poco más de una década. En 2005, EE.UU. decidió eliminar las exenciones fiscales para empresas estadounidenses establecidas en Puerto Rico que beneficiaron a la isla durante 20 años.

Desde 1976, Washington permitía a filiales de empresas estadounidenses operando en la isla enviar sus ganancias a la empresa matriz en cualquier momento, sin tener que pagar impuestos federales sobre los ingresos corporativos. Durante dos décadas, los balances anuales puertorriqueños arrojaban que buena parte de la economía e la isla giraba en torno a este privilegio que fomentaba el ingreso de capitales estadounidenses.

El origen de la astronómica deuda de Puerto Rico tiene su punto de origen en una crisis económica iniciada en 2000, pero disparó hace poco más de una década. La recesión puertorriqueña comenzó inmediatamente después de que Estados Unidos levantó las exenciones fiscales dado que las inversiones de las compañías estadounidenses comenzaron a reducirse o a retirarse.

También el índice de pobreza se disparó a niveles récord y el desempleo llegó a duplicar la tasa estadounidense, pese a que, durante las últimas décadas, Washington destinó cientos de millones de dólares anuales en asistencia social para elevar el nivel económico de los habitantes de la isla.
Las diferentes autoridades que llegaron al gobierno en la última década fueron señaladas de ser incapaces de solventar la economía de la isla y gastar mucho más de lo que generaban a través del endeudamiento público.

Otro aspecto que agudizó la crisis fue la crisis bancaria e hipotecaria que reveló circuitos de corrupción en el sistema financiero y obligó al cierre de al menos tres bancos. Para cubrir el déficit creado, Puerto Rico comenzó a endeudarse profundamente, con una compleja combinación de de fondos mutuos y de cobertura (hedge funds) hasta llegar a los actuales US$73.000 millones de deuda.Vehículo clásico en las calles de San Juan

En este punto, la condición de estado libre asociado de Puerto Rico jugó un rol importante.  Derechos de autor de la imagenEPAImage captionDurante las últimas décadas, Washington destinó cientos de millones de dólares anuales en asistencia social para elevar el nivel económico de los habitantes de la isla.
Al considerarse territorio de Estados Unidos, los títulos que emitía la isla se encuentran exentos de impuesto sobre la renta para el resto de los estados.
Por lo tanto, esos bonos fueron apetecidos por inversionistas de varios puntos de EE.UU..

Así los pasivos no dejaron de crecer hasta que, en 2015, el entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, declaró como “impagable” la deuda pública del estado libre asociado. A principios de 2016, la isla empezó a incumplir pagos.

2. ¿Qué es el Título III y qué significa que la isla se declare en quiebra?

Cuando la deuda de Puerto Rico se salió de control, San Juan pidió auxilio a Washington. Al tratarse de un estado libre asociado, la isla no podía acogerse al Código de Bancarrotas estadounidense, como sí lo hizo Detroit en 2013.

Así fue como, en junio de 2016, Barack Obama firmó la Ley Promesa, que establece la creación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), una entidad gubernamental puertorriqueña destinada a “proveer un método para que logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital”.
Al tratarse de un estado libre asociado, la isla no podía acogerse al Código de Bancarrotas estadounidense, como sí lo hizo Detroit en 2013.
Menos de un año después, ante la falta de un acuerdo con los acreedores del gobierno de Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló apeló este miércoles al llamado Título III de la Ley Promesa.

Protesta de puertorriqueñosPidió a la JSF que acuda a aquella figura legal para paralizar una eventual avalancha de demandas de los titulares de la deuda pública y dejar en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago de la misma. La radicatoria de la quiebra territorial se precipitó luego de que el plazo de moratoria para litigios, que impedía a los acreedores reclamar los pagos ante cortes de justicia, dejara de tener efecto a partir del lunes.

La ley Promesa señala que Puerto Rico podrá “reestructurar sus respectivas deudas en un proceso supervisado por la corte federal bajo ciertos términos y condiciones, si los esfuerzos para llegar a un acuerdo consensuado o voluntario no rinden fruto”. Además, todas las demandas judiciales de cobro asociadas a la deuda puertorriqueña quedaron congeladas.

3. ¿Perderá Puerto Rico control de su economía?

El gobernador Rosselló pidió a la Junta de Supervisión Financiera (sentados) que active el Título III de la ley Promesa.
Con el Título III en marcha, Puerto Rico podrá renegociar la deuda, convenios de pago individuales y colectivos ya asumidos, acuerdos con proveedores e incluso sentencias con carácter retroactivo.

Sin embargo, en el marco del tribunal federal, también se podrán congelar algunos activos de la isla y condicionar su acceso a nuevos capitales.
Los acreedores de Puerto Rico, principalmente los titulares de bonos, señalan que definir la liquidación de la deuda en un tribunal federal y no de manera negociada le quitará autonomía económica por años.

“Con esa bancarrota ahora comenzada, el gobernador ha perdido todo el poder sobre la reestructuración, y la economía de Puerto Rico será puesta en suspenso por años”, indicaron los bonistas en un comunicado este miércoles. “La Junta ha decidido convertir a Puerto Rico en la próxima Argentina”, señala la comisión de acreedores.Protesta de puertorriqueños

Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal será la que represente a Puerto Rico ante el Tribunal de Distrito Federal, defiende la decisión de la isla. En un comunicado este miércoles, el presidente de la JSF, José Carrión, explicó que la Junta considera que la medida de quiebra era “necesaria” y “apropiada” para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores.

4. ¿Cómo va a afectar esto a los puertorriqueños?

El 1° de mayo se realizó una multitudinaria protesta en San Juan contra las medidas austeridad promovidas desde el gobierno puertorriqueño.
Todo el proceso de reestructuración de la deuda iniciado con la Ley Promesa ya supuso una serie de recortes a las pensiones de los retirados, en el sistema de salud, en el sistema de educación superior y otros rubros del gasto público.

De hecho, el 1° de mayo se realizó una multitudinaria protesta en San Juan contra las medidas austeridad promovidas desde el gobierno puertorriqueño.
La JSF tiene dentro de sus facultades sugerir y promover nuevos recortes al gasto en programas sociales. La Junta justificó los recortes señalando que las “reformas estructurales están dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico”.

La entidad gubernamental indica que los “sustanciales recortes de gastos” son parte de “un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda”.

El 1º de Mayo se vivió con protestas contra las medidas de austeridad del gobernador.

Bloqueo económico:Las subsidiarias de EEUU se mantienen sacando

el 33% anual de las riquezas que se producen en Puerto Rico

Jesús Dávila| Las subsidiarias de Estados Unidos se mantienen sacando de Puerto Rico el 33 por ciento anual de las riquezas que se producen en el país, lo que tiene el efecto de bloquear efectivamente los intentos de estabilización y recuperación económica, sin que la junta de control o el gobierno anexionista tomen medidas para atajarlas.

Según se desprende de las cuentas sociales oficiales, esas corporaciones han sacado de Puerto Rico cerca de 330.000 millones de dólares en diez años –desde que comenzó la crisis económica- y cifra que aumenta en proporción al producto interno bruto (PIB).

Pero el plan decretado por la junta de control designada por Washington para regir a Puerto Rico busca el empobrecimiento sistemático de la gente, con el objetivo declarado de que así los puertorriqueños producirán más riquezas que hagan el país atractivo a los inversores. De tener éxito, el plan de la junta –que el gobierno anexionista reclama como fundamentalmente suyo- lo que lograría es que aumenten las ganancias repatriadas a EEUU.

No se trata de un problema que ha estado igual durante todo el tiempo bajo la dominación de EEUU sobre esta pequeña nación isleña del noreste del Caribe. Por el contrario, durante los primeros veinte años del empuje económico autonomista –de 1950 a 1970- la relación entre inversión y repatriación de capitales era normal y se notó en la construcción de un país que daba la apariencia de prosperidad.

Una situación un tanto similar de la consecuencia de la fuga de capitales se registró en la vecina República Dominicana bajo la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Según el historiador Arturo Martínez Moya calculó que esa fuga de capitales, que de 1956 a 1961 llegó a acumular el equivalente de casi el 20 por ciento del producto interno bruto del último año, “no fue puntual sino un proceso que se desarrolló con la crisis política a nivel internacional y local hasta precipitar la caída de la dictadura de Trujillo”.

En el caso de Puerto Rico, el respetado economista Francisco Catalá calcula que, si bien el país ha estado sometido al coloniaje directo de EEUU desde 1898, hasta 1970 la producción total de la riqueza estaba principalmente en manos de empresarios residentes, por lo que se producía cierto nivel de acumulación de capitales. En las últimas tres décadas del siglo pasado eso cambió, con el apoderamiento creciente y directo de inversores de EEUU.Bandera Estados Unidos

Otro aspecto del problema es que esas mismas corporaciones, que se llevan de inmediato las ganancias prácticamente libre de impuestos, se dedicaron además a prestarle dinero al gobierno colonial mediante bonos en el mercado de Wall Street, con lo que se montó una deuda que ahora resulta impagable por la indigencia en que han dejado a la economía de Puerto Rico.

Pero el endeudamiento más allá de la capacidad de pago –que ha sido la política pública de EEUU para administrar la colonia por lo menos desde 1900 y que provocó que ya para 1917 la deuda de Puerto Rico fuera el doble del presupuesto gubernamental- sobrepasó los niveles sostenibles en 2012. En 2014, Wall Street echó los bonos de Puerto Rico al nivel conocido como “basura”, pero la crisis no toca las corporaciones estadounidenses.

Dicho proceso está documentado ampliamente en el Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador, preparado por la Junta de Planificación, que muestra la diferencia entre el producto nacional bruto (la riqueza en manos de residentes) y el producto interno bruto (la producción total de riquezas).

Según ese informe, en 2007, el año en que se desató la crisis, esa brecha fue de 28.882 millones de dólares y el año siguiente subió a 30.936 millones, 32.768 en 2009, 33.768 en 2010 y 34.661 en 2011. Una leve mejora económica estuvo acompañada de una leve baja también en la fuga de capitales, con 33.479 millones en 2012, pero de inmediato tomó la ruta ascendente con 33.506 en 2013 y 33.648 en 2014 y, aunque en 2015 fue de 33.578, la proyección para el 2016 fue de 34.900.

Como era de esperarse, la salida hacia EEUU de prácticamente todas las ganancias se ha reflejado en que la inversión interna de capital fijo ha tenido una tendencia a la baja desde 2006 y se redujo de 11.900 millones de dólares en 2005 a 8.262 millones estimados para 2016. Eso es contrario al largo período de 1971 a 2005, cuando la inversión bruta de capital fijo aumentó casi todos los años.

Eso ha ido acompañado de una baja constante en el índice de actividad económica desde 2005, cuando alcanzó 59 puntos sobre la base de 100 establecida en 1980. A partir de ahí ha bajado hasta 21 sobre cien, el nivel que tuvo en 1991.

El problema captó la atención de observadores internacionales desde hace años y durante el primer cuatrienio de este siglo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas utilizó el caso de Puerto Rico para mostrar a los demás países lo peligrosa de esa situación.

La brecha comenzó a notarse en 1972, cuando hubo una diferencia de diez por ciento entre el PNB y el PIB, brecha que continuó creciendo cada año hasta llegar, en 1996 al mencionado 33 por ciento. Desde entonces se ha mantenido en ese nivel y, aunque ha tenido algunas variaciones menores, en los últimos cinco años ha estado constante en el 33 por ciento.

El resultado ha sido que desde 1972 al presente, las subsidiarias de las corporaciones de EEUU se han llevado de Puerto Rico más de 716.000 millones de dólares, de los cuales el 46 por ciento ha sido repatriado en los últimos diez años. El efecto acumulado de ese comportamiento de las corporaciones de EEUU ya tiene el país al borde del colapso.

Esas cifras, sin embargo, son conservadoras, pues una revisión al informe de pagos al exterior por rendimientos de capital muestra cifras todavía más preocupantes.

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