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Pedagogía del especulado: Los ajuste de precio … ¿y la demanda?

junio 3, 2016 Blogs No Comments

Luis Salas| En días pasados en este mismo portal, en un excelente artículo titulado: “Los ingresos y la inflación. Análisis histórico en Venezuela”, José Gregorio Piña llamaba la atención sobre un tema fundamental, a menudo pasado por alto, no digamos por los analistas económicos en extremo simples que abundan por estas tierras, sino, increíblemente, por los propios empresarios, en especial por los pequeños y medianos.

El tema es  que los períodos históricos en los cuales el ingreso mínimo se incrementa más y mantiene por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), son aquellos de crecimiento real significativo de la economía, medido por el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB). Y al contrario, cuando el ingreso mínimo disminuye y aumenta el IPC, la pendiente de incremento del PIB se aplana e incluso se contrae.

Lo que esto quiere decir, en otras palabras, es algo sobre lo cual hemos insistido siempre: que la condición del crecimiento de la economía, y particularmente de una economía como la venezolana, se da a través del crecimiento de su mercado interno. Y para que se desarrolle el mercado interno, lo primero que se requiere es de una población con poder adquisitivo suficiente para poder comprar, y hasta nuevo aviso, en la medida que el grueso de la población venezolana es asalariada –como pasa en todas partes del mundo– el poder adquisitivo de la mayoría de la misma depende de la existencia de, por un lado, empleos con buenos salarios, y por el otro, de precios justos que garanticen el acceso a los bienes y servicios que se prestan.

Desde luego, nunca faltará un experto que diga que lo primero que se necesita para que se dé un mercado interno, es, más bien, que se produzcan los bienes a ser comercializados en dicho mercado, para que la economía no se “desequilibre” en razón de un “exceso de demanda”. Suena lógico. Y ese es precisamente el punto sobre el cual gira toda la retórica de los ajustes económicos. Sin embargo, dicha retórica esquiva preguntarse algo muy sencillo: ¿por qué razón si los salarios y el gasto público decrecen y, en consecuencia, la demanda efectiva disminuye –que es lo que hacen siempre los ajustes– los empresarios contratarán nuevos trabajadores y crearán nuevos puestos de trabajo invirtiendo sus ganancias en aumentar una producción que luego será imposible vender gracias, precisamente, a la contracción del consumo causada por el ajuste?

Sin embargo, por más importante y entretenido que sea dar esta discusión desde la retórica argumentativa y la teoría económica, lo cierto del caso, volviendo al artículo de Piña, es que puede ser más provechosa si averiguamos qué tiene para decirnos la experiencia histórica en tanto único laboratorio realmente existente para indicarnos, de una manera no dogmática, qué tan válidos pueden ser o no los argumentos que se esgriman en una u otra dirección.

Así las cosas, como complemento a lo planteado por Piña, quería mostrar el siguiente ejercicio realizado junto a unos estudiantes del Programa de Formación de Grado (PFG) de Economía Política de la UBV. La práctica consistía en poner a prueba el argumento según el cual el control de precios causa inflación y escasez, pues rezaga los precios y hace descender la producción. Ya vimos en otro trabajo publicado acá en 15 y Último –esta vez por Pasqualina Curcio– que dicho argumento es, en el mejor de los casos, bastante discutible. Pero en el caso que aquí nos ocupa tomamos una metodología distinta a las usadas tanto por Piña como por Curcio, siendo que para nosotros el contraargumento más importante a la hora de discutir la viabilidad de los ajustes de precios, como impulsores de la recuperación y el crecimiento económico, es que en la práctica los precios ya se han ajustado, bien dentro de la misma regulación del Estado o bien –y sobre todo– extraoficialmente vía desacato, sin que hasta la fecha hayan provocado ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario.

Lo más notable del caso es que en la totalidad de los bienes considerados en el estudio, los ajustes han sido mayores al índice inflacionario si tomamos como referencia la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) oficial desde 2012 hasta 2016, sin que pese a esto, como decía, se encuentren los productos ni la economía se esté recuperando.

Veamos. Si consideramos la lista de los 20 productos alimenticios que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), son los más consumidos por las familias venezolanas y consideramos sus precios en 2012, comparándolos con lo que cuestan en 2016, podemos darnos una idea bastante aproximada de la magnitud del ajuste que los sectores privados han efectuado por la vía de “facto” contra la mayoría asalariada. De estos 20 productos, 12 están regulados bajo la modalidad de precio fijo. Por lo que para ver su precio en uno y otro año, basta con entrar a la página de la SUNDDE y descargar las resoluciones y gacetas respectivas. Para los 8 restantes tomamos como referencia la información ofrecida por el INE en su página oficial.

En el caso de los 12 regulados, si tomamos en cuenta los ajustes oficiales, la variación entre 2012 y 2016, se ubica en promedio en el 2.242% (en el estudio de la UBV da 1.300%, solo que estamos incorporando los ajustes realizados en las últimas dos semanas). Ahora bien, si tomamos en cuenta los precios promedios a los cuales se consiguen en los establecimientos privados, el monto del ajuste asciende a 18.178%. Hay casos realmente impresionantes, como por ejemplo el pollo, cuyo precio en 2012 era de Bs. 15,61 el kilogramo y en 2016 tiene un precio oficial de Bs. 850, lo que hace una diferencia de 5.348%. Sin embargo, en las carnicerías y otros establecimientos, poniendo por caso, los de la parroquia La Candelaria de Caracas, el kilo de pollo puede encontrarse tranquilamente en Bs. 3.600, lo que hace una diferencia de 22.962%.

En lo que concierne a la harina de maíz, su último ajuste fue de 1.000% con respecto a su anterior precio oficial (de 19 bolívares el kilo a 190). Sin embargo, en comparación con su precio en 2012 (Bs. 5,93), la variación es de 3.104%. En la calle, sin embargo, es difícil encontrarla por debajo de Bs. 250, lo que hace una diferencia entre su precio en 2012 con el observado en locales privados en 2016, de 4.116%.

Otro alimento que destaca sobremanera son los huevos. Como sabemos, entre noviembre de 2015 y comienzos de 2016, recibieron los productores de los mismos ajustes importantes. De tal suerte, si consideramos que en 2012 el precio del cartón de huevos rondaba Bs. 30 y en la actualidad oficialmente vale Bs. 930, estamos hablando de un ajuste de 3.100% dentro de la regulación. Ahora bien, en la calle dicho cartón se consigue en torno a Bs. 2.800, lo que representa un ajuste con respecto a su precio de 2012 de 9.333%.

Pero en el caso de los productos no regulados el panorama no es mejor. Lo que ya es un detalle, pues no se puede alegar (como de hecho es el caso de la mayoría de los productos alimenticios o no del país) que es el control del Estado el causante de la distorsión del precio. En este caso, tomando en cuenta los precios especulativos que se encuentran en los principales lugares privados de consumo, la variación ha sido de un 9.000% entre 2012 y 2016. Hay casos realmente notables como el de la mortadela. En 2012, el kilo de mortadela rondaba los 24 bolívares. En 2016 se encuentra en torno a los 4.800 bolívares, lo que representa una variación por encima de 19.871%. El precio del kilo de papas ha variado en el mismo lapso de tiempo más de un 13.000%.

De tal suerte, ya para ir cerrando, en la medida en que siendo que los ajustes de precios ya se han realizado sobremanera en los últimos tres años sin que los productos aparezcan, sino más bien todo lo contrario, y en la medida en que dicho ajuste se ha realizado contra el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras (el ingreso mínimo legal de 2016 comparado con el de finales de 2012, es 1.091% más), puede concluirse que esa no es la mejor vía para reactivar el aparato productivo. Y de hecho, puede que sea la forma más segura de deprimirlo aún más, en la medida en que si se deprime el salario real (poder adquisitivo) de la población, se hacen caer las ventas globales, pero afectando sobre todo a sectores y ramas de actividad especialmente sensibles a las reconfiguraciones del gasto familiar, pues a la hora de escoger la gente puede prescindir con menos trauma de sus productos (textil, calzado o turismo, por ejemplo, y todo lo contrario de alimentos y medicinas).

Y es entonces cuando uno se pregunta ¿en qué piensan los empresarios y comerciantes venezolanos, en especial los pequeños y medianos? Pues de los grandes y transnacionalizados especialmente concentrados en los productos más sensibles o de los cuales a la gente por las más diversas razones le cuesta prescindir o sustituir, es fácil saber qué piensan, dado que la especulación les resulta provechosa porque refuerza sus posiciones monopólicas. A mi modo de ver el problema es que los pequeños y medianos empresarios y comerciantes, por un lado, están atrapados en una fantasía gremial que les hace creer que sus intereses son exactamente los mismos que los de Lorenzo Mendoza y compañía, que a la misma “clase” pertenecen el panadero de la esquina y los dueños de Kimberly Clark. Pero también pasa que termina privando en ellos una mentalidad de pulpero que se ve dramáticamente expresada en el famoso diálogo publicado por Alex Lanz entre él y su amigo pizzero, cuando este último le explicaba por qué se veía “obligado” a vender las pizzas cada vez más caras para “protegerse”. Y es que que en materia de precios, particularmente en contextos especulativos como el que vivimos, la falta de criterio amplio, la ambición, la costumbre, el miedo o todo a la vez, sumado a la miopía y las peligrosas recomendaciones de los “expertos”, lleva a nuestros comerciantes y productores a emprender una carrera alcista de precios, que puede que en lo inmediato les reporte ganancias extraordinarias, pero a la larga les hará incurrir inevitablemente en pérdidas.

La paradoja keynesiana de los agregados nos ayuda a comprender esto: y es que si en un contexto determinado un actor económico sube los precios puede, en efecto, obtener ganancias extraordinarias. Pero si todos lo hacen se genera el efecto contrario. Y solo podrá ganar la carrera alcista aquel que es más fuerte, por lo general la transnacional hiperconcentrada o monopólica. Pero además, como el único en este contexto que no puede ajustar el precio de su mercancía es el trabajador que vende su fuerza de trabajo y a cambio recibe un salario (que es el precio de su trabajo, que ni fija ni mucho menos puede variar a voluntad), termina resultando que al reducirse su poder adquisitivo por el alza de los precios relativos, forzosamente el trabajador asalariado a la hora de consumir se vuelve más selectivo y disminuye, reorienta o simplemente suspende la compra de determinados bienes y servicios, lo que se traduce en una caída de las ventas que empieza por afectar a aquellos que son vendedores o prestadores de bienes o servicios no esenciales o de los cuales más fácil se puede prescindir.

La respuesta automática de los comerciantes y productores ante esta situación, suele ser subir aún más los precios buscando “protegerse”. Pero está claro que por esta vía lo único que se logra es profundizar aún más la tendencia regresiva, que es exactamente lo que está pasando en este momento en nuestro país. Lo mismo que ocurre cuando como respuesta complementaria buscan reducir costos laborales, lo cual nos lleva al no menos complejo tema de la política salarial y laboral en términos amplios, tema que tocaremos en una siguiente oportunidad, pues esta entrega ya va más larga de lo debido.

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