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Las consecuencias del acuerdo argentino con el FMI: El que sigue que pague la cuenta

mayo 20, 2019 Capital Financiero No Comments

 

Noemi Brenta-Cash| El FMI nunca fue un gran acreedor de la deuda externa argentina, su poder para condicionar el rumbo económico pesó siempre mucho más que su aporte efectivo. Pero esto ha cambiado. En menos de un año de vigencia del stand by, el Estado ya le debe al organismo más de 38 mil millones de dólares, y hasta las elecciones de octubre esta deuda bordeará los 50 mil millones. Una enormidad comparada, por ejemplo, con las exportaciones argentinas, de poco más de 60 mil millones de dólares anuales.

Manipulación estratégica

El FMI habrá entregado el 87 por ciento del monto del stand by al gobierno de Cambiemos en solo quince meses desde la aprobación del acuerdo, en junio de 2018. Quedará un puchito de 6.800 millones de dólares para el gobierno siguiente, que el organismo desembolsará o no según las simpatías que la nueva administración despierte en “los mercados”, las instrucciones de Washington, y las revisiones del equipo técnico.

Diversas razones explican esta holgura del bolsillo fondomonetarista. Una, que ahora el FMI tiene mucha plata para prestar y debe colocarla para generarse ingresos; otra, la disputa hegemónica con China, que explica el gran apoyo estadounidense a través del FMI, al gobierno argentino más alineado con sus políticas; también el deseo de mantener a la Argentina, un pescado gordo, en la timba financiera global, y desplumarla de sus activos públicos y sus mejores empresas privadas. Y una cuarta razón es la manipulación estratégica de la deuda para condicionar al gobierno siguiente.

La deuda es una variable que el partido gobernante puede usar estratégicamente para influir y limitar las acciones de su sucesor.  El gran monto del stand by del FMI en el caso argentino cumpliría esta función, además de proveer las divisas para estabilizar al dólar hasta las elecciones, lo que hasta el momento no se ha logrado.

Este monto tan alto, a reembolsar entre septiembre de 2021 y abril de 2024, empeora las consecuencias usuales negativas más evidentes de los programas del FMI, de recesión, quiebras, desempleo, pobreza y deterioro de los indicadores sociales. Porque de no mediar una estrategia de salida negociada, Argentina quedaría nuevamente atrapada en la pesadilla de la aplicación reiterada de programas del FMI, que el propio organismo considera adversa para los países miembros.

Cuando un país permanece varios años bajo programas del FMI, como ha sufrido la Argentina, todas las políticas económicas giran en torno a las negociaciones con el organismo, su marco de referencia son las instrucciones que llevan y traen las misiones, con poco margen para discutir políticas y medidas diferentes a las propuestas por el equipo técnico. Estas, a su vez muchas veces reflejan los intereses de grupos influyentes, como bancos, conglomerados transnacionales, que aprovechan en su beneficio la injerencia del gobierno estadounidense y otros en el FMI, como mostraron Stiglitz y otros autores.

La permanencia bajo estos programas obliga a consultar al FMI sobre cada iniciativa; y limita las capacidades técnicas de las burocracias encargadas de su aplicación a un rango acotado de metodologías, en definitiva los funcionarios  “no saben hacer otra cosa que programas de ajuste”. Por otra parte, como las negociaciones con el FMI involucran a las autoridades económicas y monetarias, éstas cobran excesiva injerencia en los asuntos públicos y sociales, en desmedro de las otras agencias gubernamentales que también son afectadas por los programas, como las de educación, salud, ciencia, tecnología; y también erosiona el rol del poder legislativo, cuya ratificación no es necesaria para los programas con el FMI, aunque muchas veces ellos comprometen medidas que dependen de la aprobación parlamentaria, como, hoy en Argentina, la reforma laboral y previsional o la del BCRA.

En suma, el programa del FMI aumentó la deuda externa en un monto enorme, que condiciona al próximo gobierno y amenaza el desarrollo y la prosperidad del país por muchos años. Es necesario pensar en una estrategia de salida para recuperar la libertad de darnos una política económica en favor de nuestros propios intereses y conformar una sociedad incluyente y justa.

* Docente e investigadora Universidad de Buenos Aires-Universidad Tecnológica Nacional.

Daño autoinfligido

Foto: Adriana Groisman. Directora del FMI, Cristina Lagarde y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en conferencia de prensa en el consulado argentino de Nueva York. 26/9/18

Nicolás Segal-Cash *

En 2018 la gestión de Cambiemos llevó a la Argentina a contraer una innecesaria deuda con el FMI, lo cual dejará una pesada herencia de compromisos fiscales y condicionamientos políticos. El préstamo de 57.000 millones de dólares es el más grande en la historia del organismo, pero no es el primero para la Argentina.

El modelo base del Fondo en los sucesivos acuerdos alcanzados a lo largo de la historia ha sido la corrección del déficit externo por medio de la liberalización comercial y cambiaria en el marco de un ajuste fiscal y monetario. Independientemente del modo en que se formularon sus exigencias, los esfuerzos por alcanzarlas produjeron un deterioro de las condiciones de vida. Y más allá de las cuestiones macroeconómicas, cada programa hilvanó una historia de penosas reformas estructurales.

Con estos antecedentes, ¿por qué la Argentina acudió al FMI? Lejos de las excusas de Cambiemos (“el mundo se nos cayó encima”) la vuelta al Fondo fue un daño autoinflingido por la desregulación cambiaria y el endeudamiento público.

A pesar de que en la campaña electoral de 2015 el macrismo había prometido reducir el déficit fiscal, desde que asumió y hasta 2018, lo incrementó. Lo que sí cambió fue la composición de ese déficit: se eximió de impuestos a los sectores de mayores ingresos y se ajustó a los sectores más vulnerables.

El déficit con sesgo pro-rico se financió principalmente con emisiones de títulos adquiridos por acreedores privados externos. Esa afluencia de dólares de la deuda permitió resolver (de modo temporario) las necesidades de divisas de un sector externo que había sido completamente desregulado.

La sobreexposición de los fondos de inversión a los activos argentinos derivó en una abrupta salida de capitales que desestabilizó el tipo de cambio y el nivel de precios. Luego de perder un 21 por ciento de las reservas del BCRA en un mes, el presidente Macri acudió al FMI sin atinar a medidas de regulación de un sector externo en crisis y sin consideración por la historia de relaciones entre el Fondo y la Argentina.

El primer acuerdo con el FMI en la era Cambiemos fue por 50.000 millones de dólares, con 65 por ciento de desembolsos en su administración y 35 por ciento en la siguiente, destinados mayormente a reservas. El segundo acuerdo amplió el total a 57.000 millones de dólares, incrementó los desembolsos durante el gobierno de Macri al 90 por ciento y extendió su uso a fines presupuestarios. La última novedad fue la autorización, fuera de los términos del acuerdo, para vender dólares que financiarán la fuga en un mercado cambiario desregulado. Las reservas se van, pero la deuda queda. El próximo gobierno tendrá que devolver un 90 por ciento de la deuda contraída, sin saber con cuántas reservas contará al comienzo de su mandato.

Las condiciones fiscales y monetarias restrictivas del acuerdo, que incluyen una meta de superávit primario del 0,5 por ciento del PBI en 2020, obstaculizarán el crecimiento y la generación de recursos que permitan pagar la deuda.

El desmedido endeudamiento limitará además un eventual uso inteligente del instrumento. Al margen de los dogmas, el crédito externo puede ser una decisión financiera adecuada si se aplica a usos que permitan incrementar las exportaciones o reducir las importaciones.

El próximo gobierno tendrá que lidiar con vencimientos de deuda extraordinarios en pleno intento de estabilizar una economía en riesgo de espiralización. A pesar de la caída de importaciones por la crisis, la sangría financiera de divisas se mantiene y la carrera de postas entre inflación y tipo de cambio se acelera.

En su diagnóstico de la situación argentina, el Fondo recomendó reformas estructurales en materia previsional, laboral y monetaria, que luego no incluyó al momento de formalizar los términos del acuerdo. El gobierno se ahorró un motivo adicional de desestabilización de la situación política. Es una incógnita si el acreedor las exigirá cuando el cronograma de vencimientos apure negociaciones sobre los términos del acuerdo. La trayectoria de las reformas estructurales en la Argentina muestra la gravedad de tropezar otra vez con la misma piedra.

* Economista del Instituto de Trabajo y Economía – Fundación Germán Abdala.

 

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