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Ecuador: Flexibilizadores y privatizadores

enero 7, 2019 Temas de la semana No Comments

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda| De acuerdo con la Constitución de 2008, que rige al Ecuador, corresponde al Estado garantizar los derechos individuales, sociales y comunitarios.

La educación es un deber “ineludible e inexcusable” (Art. 26) y área prioritaria de la política pública. La salud debe ser “universal” (Art. 32) y es otro derecho fundamental. Se suma la seguridad social, que debe ser “pública y universal” y que, además, “no podrá privatizarse” (Art. 367). La Constitución reconoce los esenciales derechos laborales, que son, además, “irrenunciables e intangibles” (Art. 326). Pero específicamente “prohíbe” la tercerización, el trabajo por horas y la precarización (Art. 327).

De otra parte, los sectores estratégicos son de “decisión y control exclusivo” del Estado (Art. 313): energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, biodiversidad y patrimonio genético, espectro radioeléctico, agua y otros; el Estado provee una serie de servicios públicos; debe crear empresas públicas; (Arts. 314-318); y se prohíbe “toda forma de privatización del agua” (Art. 318).Imagen relacionada

Sin embargo, existe la posibilidad de “delegar” sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales el Estado debe tener “mayoría accionaria” (es decir, al menos 51%, que es poco, pues debiera ser del 80% o 90%); y excepcionalmente se puede delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria las actividades estatales señaladas, pero siempre “en los casos que establezca la ley” (Art. 316). Al mismo tiempo, se reconocen diversas formas de propiedad (Art. 321), y se proclama la “democratización” de los factores de la producción (Art. 334).

Los ecuatorianos que aprobaron la Constitución mediante referendo, quisieron que así sea la economía nacional y no de otro modo. Pero el alto empresariado privado del país o no quiere respetar la Constitución o quiere imponer sus intereses sin importarle leyes ni derechos.

Porque exigir que se precarice y se flexibilicen las leyes laborales, así como abogar por la reimplantación del trabajo por horas o el tercerizado y desconocer los derechos de los trabajadores es pedir, abierta y claramente, que no se haga caso de lo que dispone la Constitución.

De otra parte, el Estado nacional es el que, a lo largo de la historia republicana, ha invertido en infraestructuras, carreteras, obras públicas, hidroeléctricas, comunicaciones, explotación minera y petrolera, etc., además de proveer un sinnúmero de servicios. Todo eso ha sido posible gracias a los impuestos pagados por los ciudadanos y a su generación de riqueza, porque la evasión y elusión tributaria en proporciones millonarias ha sido, históricamente, un asunto de las capas ricas. De manera que el Estado ha hecho inversiones utilizando recursos sociales, no de unos cuantos particulares.

Sin tomar en cuenta esta situación, aquellos líderes empresariales que vuelven a la carga para exigir privatizaciones de bienes, infraestructuras y servicios públicos, quieren que lo que la sociedad ha acumulado por décadas de inversiones estatales pase a contadas manos. La privatización es un robo a la sociedad.

Esa misma elite desconoce o no le importa la historia, porque la experiencia neoliberal de América Latina y del Ecuador a fines del siglo XX con flexibilizaciones, privatizaciones, retiro del Estado y auge empresarial, solo ha sido nefasta para el progreso social general. A esa elite le interesa exclusivamente el nivel de sus negocios y las rentabilidades que logre quitando de por medio al Estado, a los impuestos y al trabajo regulado. De eso depende su “eficiencia”, lo que demuestra su rudimentaria capacidad competitiva.Y sobre esa base, se difunden los mitos sobre la modernización social en manos privadas.

Es absolutamente falso que Ecuador tenga un Estado “obeso”. Hay un esfuerzo histórico por construir un Estado nacional fuerte, con capacidades y atribuciones para imponer el bien común a los intereses privados, que se remonta a los inicios de la vida republicana, y que pasa por lo que hicieron presidentes como Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno o Eloy Alfaro. El desarrollismo de las décadas de 1960 y 1970 fue impresionante para la transformación material del país con obras e inversiones estatales.

Tampoco es cierto que hay excesivos impuestos, pues los estudios internacionales y particularmente los de la Cepal demuestran que Ecuador no llega a la media latinoamericana.

Es un mito creer que para ser “competitivos” se requiere acabar con derechos laborales que en el país son todavía tibios frente a lo que deberían avanzar. La historia mundial del trabajo niega ese mito. Con esclavos o con huasipungueros, que carecían de leyes laborales, nunca progresó el Ecuador.

Tampoco es cierto que primero hay que generar riqueza para luego repartirla, porque la riqueza ya está acaparada y centralizada en una elite económica que se niega a observar las políticas sociales, de modo que Ecuador sigue en la lista de los países más inequitativos del mundo.

Ecuador no ha sido capaz de generar al menos un capitalismo social (tipo europeo o canadiense, por ejemplo), que incluso convendría para mejorar las condiciones de vida y trabajo generales. El giro económico que se sigue en la actualidad conduce a la construcción de un capitalismo oligárquico, porque la primacía que se ha dado al supuesto emprendimiento privado no ha tomado en cuenta que en el sector empresarial hegemoniza una elite conservadora, atrasada, sin mentalidad social ni afanes modernizadores, sino que ha revivido los viejos principios y moldes en los que se desenvolvió el Estado oligárquico, que en la teoría social latinoamericana fue largamente estudiado y que se consideró superado desde mediados del siglo XX.

Flexibilizar el trabajo y privatizar la riqueza socialmente generada y que se representa en los bienes, recursos y servicios públicos, es la fórmula para la reconstitución de los poderes oligárquicos privados sobre el Estado nacional. Un retorno a la dominación política similar a la época plutocrática del gran cacao (1912-1925), o a las décadas pre-desarrollistas entre 1930 y 1950, o comparable con la época bananera; y, sin duda un retorno, con retoques, al primer “modelo empresarial” que rigió entre 1983 y 2006. Así no progresaremos.

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